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The Trade Section of the DTT supports the efforts of Member States to promote economic diversification and integration, trade liberalization, and market access that can lead, through expanded market and investment opportunities, to enhanced economic development, job creation, and poverty reduction. |
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| Este trabajo fue preparado para el seminario sobre los desafíos y perspectivas del proceso de integración en la década de 2000, organizado por la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Montevideo, 19 y 20 de octubre de 2000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Introducción El presente artículo analiza las perspectivas de la integración latinoamericana a partir de las oportunidades y limitaciones derivadas de tres instancias: las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el proyecto de formación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y las iniciativas en curso en el marco subregional, como la Comunidad Andina y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Con relación a la OMC, el principal aspecto a discutir es el carácter preliminar y fragmentario de los instrumentos multilaterales disponibles para lidiar con los patrones de competencia que surgieron en las últimas dos décadas como consecuencia de la revolución en las tecnologías de la información. Tales patrones otorgaron una importancia prioritaria a varios temas recién introducidos en la agenda multilateral, como servicios, inversiones, comercio electrónico, medio ambiente, normas laborales y política de competencia y reavivaron viejos temas como el proteccionismo agrícola, que ahora incluye nuevas querellas, como la seguridad alimenticia, la “multifuncionalidad” de la agricultura y la ingeniería genética. Una peculiaridad de la agenda multilateral que estuvo en vigencia entre la creación del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), en 1947, y el comienzo de la Ronda Uruguay, en 1986, era que las negociaciones estaban casi siempre limitadas a los instrumentos de política comercial. Sin embargo, uno de los desafíos actuales de la OMC reside en el hecho de que la mayoría de los tópicos agregados a la agenda después de 1986 se refiere a problemas domésticos de los países miembros, cuyo debate multilateral solamente adquiere significado práctico a partir del instante en que existan leyes e instituciones nacionales capaces de lidiar con tales problemas. El examen de las actuales limitaciones de la OMC como foro multilateral permite descalificar dos interpretaciones ampliamente difundidas sobre las consecuencias del proceso de globalización de mercados. La primera, la más conocida, es la de que los gobiernos nacionales habrían perdido autonomía para formular políticas de desarrollo; la otra, más restringida a la discusión sobre comercio exterior, se refiere al supuesto conflicto entre regionalismo y multilateralismo. Conforme se argumenta en la segunda sección de este trabajo, los problemas generados por la globalización de mercados se sitúan precisamente en el extremo opuesto al indicado por esas tesis. Por una parte, diversos países latinoamericanos promovieron reformas económicas en los últimos 15 años, que implicaron innovaciones institucionales en las áreas de defensa del consumidor, servicios de utilidad pública, sistema bancario, medio ambiente e inversión externa. En la mayoría de los casos, tales innovaciones se encuentran aún en etapas iniciales, marcadas por la ausencia de mecanismos para lidiar con los temas multilaterales inherentes a cada área. Por otra parte, los acuerdos de integración están creando normas regionales que funcionan como instrumentos parciales para tratar problemas multilaterales, que eventualmente podrán transformarse en futuras reglas de la OMC. El proyecto del ALCA, frecuentemente se describe como una versión ampliada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en la que los demás 31 Estados Miembros se estarían disputando con Canadá y México el acceso preferencial al mercado interno de los Estados Unidos, cuya consecuencia final sería la consolidación de la hegemonía americana en el hemisferio. Sucede que los Estados Unidos ya son el principal socio comercial de casi todos los países de la región. Las únicas excepciones son Argentina, Paraguay y Uruguay, cuyas exportaciones fueron absorbidas por el mercado brasileño después de la creación del MERCOSUR, y Panamá, debido a la diversificación del comercio generado por el Canal, que funciona como un centro de distribución de la región con el resto del mundo. Además, dada su condición de superpotencia singular, después de la finalización de la Guerra Fría, aliada al excepcional dinamismo de su economía a lo largo de la última década, no es trivial explicar los motivos por los que el gobierno americano necesitaría un acuerdo comercial para ampliar su influencia en América Latina. La tercera sección de este trabajo discute al ALCA bajo dos ópticas. Por una parte, sugiere que, no obstante las disparidades existentes entre los Estados Miembros en términos de tamaños relativos, niveles de desarrollo y perfil exportador de las economías, es posible identificar un área estratégica de intereses convergentes, que abarca los instrumentos de regulación de los mercados domésticos. Por otra parte, analiza el uso de medidas antidumping en el hemisferio durante la última década, mostrando que ese problema es relevante sólo para los países grandes y está concentrado en un número reducido de industrias, pero que son justamente las responsables de los principales flujos comerciales dentro de la región. La discusión de ambos temas, instrumentos de regulación y medidas antidumping lleva a una conclusión común: el tratado que será suscrito en 2005 abarcará un conjunto de metas a largo plazo, cuya instrumentación no será conflictiva con las demás iniciativas en curso en el marco subregional. De hecho, como relata la Sección 4, a pesar de los problemas derivados de la fragilidad de las normas multilaterales y del alcance de las instituciones necesarias para la formación del ALCA, los principales desafíos para la continuidad del proceso de integración latinoamericana residen en la dificultad de instrumentar simultáneamente reformas económicas domésticas y acuerdos comerciales subregionales. La experiencia del MERCOSUR, tal vez sea la ilustración más elocuente de esos desafíos. Desde su creación, en 1991, este acuerdo ha funcionado bajo una coyuntura de reformas incompletas en Argentina y Brasil. Aunque coincidan en sus objetivos básicos de apertura comercial y estabilidad de precios, tales reformas han sido divergentes en cuanto al ritmo de implementación y a la elección de los instrumentos de política económica. Esta situación ha sido responsable, tanto del éxito como de las crisis del MERCOSUR. Nadie discrepa con la posición de que sin las reformas comerciales unilaterales implementadas por los dos países al comienzo de la década no hubiera sido posible la notoria expansión de las transacciones económicas intrarregionales en el pasado reciente. Por otra parte, no hay un registro histórico de proyectos de integración que hayan sobrevivido a políticas conflictivas en las áreas de cambio y tributos domésticos. Finalmente, la Sección 5 resume los principales argumentos del trabajo. 2. La OMC y los actuales patrones de competencia internacional La continua reducción de los costos de transacción ha sido la característica central de los cambios tecnológicos que marcaron la evolución de la economía mundial en los últimos 20 años. Hasta mediados de los años 90, esa declinación resultó de un conjunto de factores conocidos, como la mejora de los servicios de telecomunicaciones, la creciente expansión del tamaño de la memoria y de la velocidad de procesamiento de las computadoras personales, la renovación constante de los procesadores de texto y otras aplicaciones, así como la difusión de innovaciones complementarias como el fax y el módem. En los últimos cinco años, el impacto de esas innovaciones se amplió con el desarrollo de la Internet, que además de estar transformando las rutinas productivas en prácticamente todos los segmentos de la economía, generó una nueva rama de actividades, el comercio electrónico. Todo contrato entre agentes económicos implica un conjunto de actividades que generan costos de transacción. Tal conjunto incluye la búsqueda de información, el proceso de negociación, el monitoreo de los compromisos acordados, la solución de controversias y la disolución del vínculo. Como enseña la teoría de Ronald Coase sobre la estructura de la firma, siempre que los costos de producción sean inferiores a los costos de transacción, los empresarios serán inducidos a evitar las operaciones de mercado, expandiendo las actividades intra firma. De la misma manera, la relación inversa estimula la reducción de los vectores de producción y la expansión de los mercados de bienes y servicios intermedios. Para discutir los patrones de competencia internacional, derivados de los cambios indicados anteriormente, es importante distinguir dos componentes en los costos de transacción: uno relativo a los costos de transporte, y otro, relativo a los costos de información, derivados del conocimiento imperfecto que los agentes económicos tienen sobre el mercado. De hecho, como mostré en otro trabajo (Tavares, 1998) las transformaciones relevantes en el período analizado deben ser atribuidas solamente al segundo componente, ya que los costos de transporte cambiaron muy poco en las últimas décadas, debido, en parte, a los factores comentados más adelante en esta sección. De esa diferencia entre costos de información y costos de transporte surgió una peculiaridad inusitada en los patrones contemporáneos de competencia internacional, que es la tendencia simultánea hacia la globalización de los mercados y la regionalización de las estructuras productivas. Por una parte, la revolución en las tecnologías de la información hizo posible que incluso una empresa de pequeño tamaño opere sincronizadamente en mercados esparcidos en todo el mundo. Por otra parte, las presiones de la competencia internacional imponen una vigilancia constante sobre la duración de los ciclos de producción y los costos de mantenimiento de stocks, haciendo atractivo el uso de abastecedores ubicados en las proximidades de los establecimientos productivos. El proceso de globalización de mercados está destruyendo gradualmente la eficacia de los mecanismos convencionales de protección, como aranceles, cuotas y reglas de origen, a la vez que introduce nuevos temas en la agenda de las políticas públicas, como los de captura e información asimétrica, ya que las nuevas modalidades de proteccionismo están crecientemente basadas en los instrumentos de regulación de los mercados domésticos. Así, al contrario de lo que frecuentemente se supone, los vínculos entre competencia global y libre comercio son remotos, conforme ilustran diversos segmentos destacados de las transacciones internacionales, como los de transporte, servicios financieros y telecomunicaciones. El sector de transportes aéreos es uno de los casos límite, por ser un oligopolio, cuyas empresas líderes operan estrategias globales de competencia, basadas en el uso intensivo de recursos de la frontera tecnológica, siendo al mismo tiempo, fuertemente protegidas en sus respectivos mercados domésticos. En Estados Unidos, por ejemplo, la participación extranjera en el capital votante de las empresas domésticas se limita al 25%. El mercado local, que duplicó su tamaño en los últimos 20 años, transportó 600 millones de pasajeros y generó 530 mil empleos en 1998, es reservado a las empresas nacionales, que sólo pueden emplear a extranjeros en sus líneas internacionales. Además, el “Fly America Act” les asegura la reserva adicional del transporte de cargas y de pasajeros, costeado con recursos públicos. En base a esos privilegios y al diversificado conjunto de acuerdos bilaterales firmados por Estados Unidos, las empresas aéreas con sede en ese país controlan actualmente cerca del 50% del mercado internacional de pasajeros y el 43% de los fletes internacionales. En el transporte marítimo, los patrones de protección son aun más restrictivos. Tal como en diversos países, este sector funciona como un cártel legalmente establecido en los Estados Unidos, exento de la legislación anti-trust, bajo el mando de la Federal Maritime Commission (FMC), cuyas atribuciones incluyen la fijación de precios a través de las llamadas “conferencias de fletes”, distribución de fracciones de mercados y fiscalización de la conducta de los miembros del cártel en el país y en el exterior. En el sector de cabotaje, que genera empleo para cerca de 124 mil personas, está vedada cualquier especie de competencia externa: el transporte de carga entre dos puertos americanos, aun cuando incluya escalas en puertos extranjeros, sólo puede hacerse mediante navíos construidos en los Estados Unidos, cuyos propietarios y operadores sean empresas con por lo menos el 75% de capitales nacionales, y cuya tripulación esté integrada exclusivamente por ciudadanos norteamericanos. Con excepción del origen del navío, estas reglas también se aplican a la flota con bandera americana usada en el transporte internacional. Como esta norma implica costos elevados para los armadores, la mayor parte del comercio internacional de los Estados Unidos es transportada por navíos con bandera extranjera, aunque los propietarios sean empresas americanas. De hecho, la flota con bandera nacional sólo sobrevive debido a la política de reserva de mercado que le asegura el 50% de la demanda gubernamental y el 100% de las cargas militares y operaciones financiadas por el Export-Import Bank. A pesar de ello, entre 1994 y 1998 esta flota se redujo de 367 a 285 navíos (ver OMC, 1999). Aunque el proteccionismo en el sector de transporte resulte en gran medida de la tradición y de intereses establecidos, en otras industrias la imposición de obstáculos institucionales a la entrada de nuevos competidores puede ser un componente inevitable de políticas gubernamentales en las áreas de la salud pública, seguridad, medio ambiente o derechos de los ciudadanos. En ciertos casos, como el de telecomunicaciones, la sofisticación del marco regulador surge de la naturaleza de las tecnologías vigentes, que generan estructuras concentradas, asimetrías de información y un elevado poder de mercado de las empresas líderes. En síntesis, el proceso de globalización está creando nuevas formas de competencia y nuevos instrumentos de política que no implican la desaparición de las fronteras nacionales ni tampoco la reducción del poder del Estado. Hace cien años, la libertad de emigrar, importar marcas y permisos de fabricación, ejercer profesiones o abrir subsidiarias en territorios extranjeros era mucho más amplia que en la actualidad. Durante las dos últimas décadas, el sector de telecomunicaciones constituyó un laboratorio de experimentos institucionales en todo el mundo. Dos iniciativas pioneras fueron la decisión del Gobierno Thatcher de desvincular a la British Telecom del Post Office en 1981 y la conclusión del proceso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra la AT&T en 1982, que provocó la salida de esta empresa del segmento de telefonía local. Ambos eventos dieron origen a prolongadas experiencias de reforma institucional. En el primer caso, el proceso de privatización de la British Telecom sólo finalizó en 1993, cuando el gobierno vendió su último lote de acciones. En los Estados Unidos, el debate sobre el marco regulador de ese sector continuó como tema prioritario de la agenda política hasta 1996, cuando fue aprobado el Telecommunications Act. En diversos países en desarrollo, los procesos de privatización y de creación de nuevas agencias reguladoras de ese sector fueron puntos importantes de los programas de reformas económicas implementadas en la década de los 90. En la Unión Europea, entre 1994 y 1998, una de las principales prioridades de la Comisión en el área de política de competencia fue armonizar los reglamentos de los países miembros y asegurar la liberación de los servicios de telecomunicaciones dentro del espacio europeo (cf. Tavares, 2000). No obstante las diferencias de formato institucional y el ritmo de implementación, un rasgo común de esas experiencias fue la búsqueda de instrumentos que permitieran conciliar los intereses de los consumidores con las oportunidades empresariales creadas por el progreso técnico. Los nuevos temas de la agenda multilateral La declinación gradual de la relación entre costos de transacción y costos de producción provoca un proceso combinado de reestructuración industrial y de expansión de mercados, en el cual ciertas empresas son llevadas a cambiar su perfil de producción, generalmente reduciendo el grado de integración vertical, a fin de concentrarse solamente en aquellas actividades que se mantienen rentables bajo la nueva estructura de costos vigente, abriendo así oportunidades de mercado para nuevos competidores. En condiciones de libre comercio, las líneas de bienes y servicios interrumpidas en el primer grupo de empresas serán absorbidas por tres tipos de abastecedores: firmas domésticas aptas para ofrecer aquellos bienes a precios competitivos, exportadores del resto del mundo y empresas de los países vecinos. Aunque los nuevos bienes demandados en el mercado puedan ser suministrados por cualquier tipo de abastecedor, las empresas domésticas y de los países vecinos tienden a ser más competitivas en el abastecimiento de insumos productivos a las empresas que redefinieron su perfil de producción, debido a las ventajas de localización comentadas anteriormente. Sin embargo, las nuevas formas de competencia derivadas de la revolución en las tecnologías de la información no se limitaron a cambios en el perfil de las empresas y reubicación de las unidades productivas, sino que incluyeron dos novedades adicionales: el incremento de fusiones y adquisiciones entre empresas del mismo ramo, sobretodo en el área de servicios (acentuando, por consiguiente, las tendencias a reducir la integración vertical y expandir las operaciones horizontales de la empresa), y la proliferación de prácticas anticompetitivas con dimensión internacional. Según un informe reciente del U.S. International Competition Policy Advisory Committee (ICPAC, 2000): “in 1999 global mergers and acquisitions were at an all-time high, with approximately $3.4 trillion in activity announced worldwide” (p.3) and “approximately twenty-five percent of the more than 625 criminal antitrust cases filed by the Department of Justice since fiscal year 1990 were international in scope.” (p. 167). En la Unión Europea, en sólo un año, 1998, la Comisión examinó 20 casos de fusiones en que el mercado geográfico relevante abarcó la economía mundial. De esta manera, las tres áreas fundamentales para la consolidación de la OMC como un foro regulador de las transacciones internacionales son las de servicios, inversión y política de competencia. De hecho, uno de los resultados importantes de la Ronda Uruguay fue el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS), que llevó siete años de negociaciones multilaterales. Como diversos autores ya notaron (Feketekuty, 2000, Hoekman, 2000, Prieto, 2000) el GATS aumentó la trasparencia de los reglamentos nacionales, amplió el apoyo jurídico a los proveedores extranjeros y estableció un marco de referencia para futuras negociaciones en esta área. Una aplicación casi inmediata de estas normas fue el acuerdo de telecomunicaciones, firmado en febrero de 1997, que transformó en directivas multilaterales los avances institucionales alcanzados por las legislaciones aprobadas en diversos países en el pasado reciente, y estableció criterios consensuales sobre las funciones que debían cumplir los reglamentos domésticos, especialmente en cuanto a la preservación de la competencia internacional en este sector. En diciembre de ese año concluyeron las negociaciones sobre servicios financieros, que alcanzaron resultados normativos mucho más limitados, tanto en el plano de las leyes domésticas como en la regulación de la competencia internacional. Las dificultades para expandir y fortalecer las reglas del GATS no son pequeñas. Incluyen desde obstáculos metodológicos, como los criterios de clasificación de actividades, la medición de los obstáculos a la entrada en los diferentes segmentos y la evaluación de los potenciales beneficios de la liberación, la definición de los enfoques de negociación, que incluye la opción entre “listas positivas” y “listas negativas” y, finalmente, las condiciones políticas de cada país para definir sus posiciones negociadoras. En ciertos segmentos, como el de transporte aéreo y de servicios financieros, la liberación implica la sustitución de un modelo de competencia oligopólico por otro eventualmente más concentrado, haciendo aún más compleja la evaluación del aumento del bienestar y la definición de las estrategias nacionales. No obstante, el desafío principal surge del hecho de que en el sector de servicios, así como en los demás temas nuevos de la agenda de la OMC, no es posible realizar negociaciones a través de la tradicional estrategia mercantilista de intercambiar preferencias comerciales. En el pasado, para que un gobierno definiera su estrategia internacional, bastaba con la voluntad política de reducir aranceles y eliminar algunos procedimientos aduaneros y conocer bien las medidas proteccionistas usadas por los socios comerciales. Ahora, la negociación implica ajustar las normas domésticas a los intereses internacionales del país. Tal ajuste suele ser complementario de las reformas institucionales que pasaron por prolongadas negociaciones parlamentarias, por la formulación de nuevos instrumentos jurídicos, gastos públicos, ocasionados por la creación de nuevas agencias reguladoras, y un proceso de aprendizaje colectivo mediante el cual la sociedad local otorgó legitimidad a las nuevas reglas de la economía. En una segunda etapa, después de concluir las reformas domésticas, el país estará en condiciones de dialogar con sus socios sobre las formas de regular las transacciones internacionales. La experiencia en el sector de telecomunicaciones sugiere que la primera etapa de ese proceso dura, como promedio, cerca de 10 a 12 años en cada país. En el área de inversión directa, el mecanismo disponible por la OMC es el Acuerdo sobre Medidas de Inversión Relacionadas al Comercio (TRIMS), negociado durante la Ronda Uruguay. Ese acuerdo contiene normas sobre algunas prácticas usadas abundantemente por los países en desarrollo durante la era de la sustitución de importaciones, como los requisitos de contenido doméstico y los incentivos fiscales condicionados al desempeño exportador. Tanto en el acuerdo sobre TRIMS como en el debate subsiguiente, que llevó, en 1998, al fracasado intento de la OECD de establecer un marco multilateral, las atenciones estuvieron centradas en la conducta de los gobiernos en relación a los inversores, cubriendo tópicos tales como garantía de los derechos de propiedad, tratamiento no discriminatorio, eliminación de obstáculos a la entrada y mecanismos para favorecer a los inversionistas extranjeros. Sin embargo, a pesar de que, según estimaciones de la UNCTAD, las empresas transnacionales sean responsables de cerca de un cuarto de la producción mundial y las ventas de sus filiales correspondan a cerca del 160% del comercio internacional, la discusión sobre las normas para regular su conducta en los países receptores ha sido marginada, debido a los motivos que comentaremos a continuación. De hecho, uno de los aspectos más paradojales del actual sistema multilateral de comercio es el contraste entre la globalización de los mercados y la precariedad de los instrumentos de regulación de la competencia en la mayoría de los países miembros de la OMC, no obstante el dinamismo de las reformas institucionales realizadas en el pasado reciente. En 1989, en todo el mundo, sólo 31 países disponían de leyes anti-trust, y ese número subió a cerca de 70 al final de la década siguiente. Además, hubo en ese período una notoria convergencia de visiones entre las economías industrializadas en cuanto a los principios básicos de esa política. Independientemente de peculiaridades jurídicas nacionales, como el formato de las agencias anti-trust y sus respectivos instrumentos de acción, las prioridades actuales de los países miembros de la OECD se concentran explícitamente en privilegiar la eficiencia productiva, los derechos del consumidor y la transparencia de las condiciones de competencia. Más que una ideología uniforme, ese consenso ha producido consecuencias prácticas importantes, como la armonización de los criterios para analizar fusiones y adquisiciones, reprimir conductas anticompetitivas y regular monopolios naturales. Otro resultado relevante fue el de facilitar la proliferación de protocolos bilaterales de cooperación entre agencias anti-trust, permitiendo así que los países signatarios obvien, aunque parcialmente, las lagunas institucionales de la OMC en esa área.1 La rápida difusión de leyes anti-trust entre las economías periféricas es un indicador de que dentro de algunos años la OMC estará en condiciones de iniciar el debate sobre las normas multilaterales de competencia. Sin embargo, la aprobación de la ley es sólo la primera etapa de un largo proceso de desarrollo institucional, cuya madurez se alcanzará solamente cuando la agencia anti-trust sea capaz de ejercer la función de regulador, de última instancia, de la economía. Esto implica fiscalizar no sólo la conducta del sector privado sino también la coherencia de las acciones del gobierno en áreas tan diversas como las de comercio exterior, inversión directa, regulación de monopolios, propiedad intelectual, incentivos fiscales, normas técnicas, salud pública, medio ambiente y mercado de trabajo. Mientras no se alcance esa etapa en un número significativo de países miembros de la OMC, el control sobre los aspectos internacionales del proceso de competencia continuará realizándose a través de protocolos bilaterales y de los acuerdos regionales de integración, como veremos en las próximas secciones. 3. ALCA, reformas económicas y proteccionismo convencional La sección anterior indicó dos tipos de factores explicativos de un aspecto aparentemente contradictorio en la conducta de diversos gobiernos, que es el de participar activamente en los debates en la OMC y otorgar una importante prioridad a los esquemas de integración regional. Por una parte, la eliminación de barreras comerciales y el esfuerzo de armonizar políticas domésticas con las de los países vecinos acentúan la declinación de los costos de transacción en la región y permiten que las empresas locales exploten más intensamente los recursos tecnológicos disponibles, generando así estructuras industriales aptas para enfrentar la competencia internacional. Por otra parte, el establecimiento de normas regionales llena parcialmente lagunas institucionales de la OMC, al mismo tiempo que prepara el terreno para futuras negociaciones en aquel organismo. Bajo ambas perspectivas, las prioridades regionales concuerdan con el interés de fortalecer el sistema multilateral de comercio. Los argumentos anteriores constituyen una variación de la conocida tesis de Wonnacott y Wonnacott (1981), según la cual el mecanismo promotor de la integración regional reside básicamente en el interés de las industrias exportadoras en expandir o consolidar sus posiciones de mercado. En el caso del ALCA, esta tesis adquiere especial relevancia, puesto que una de las barreras comerciales importantes en el hemisferio ha sido recurrir a medidas antidumping, que afectan principalmente las exportaciones de cuatro países: Brasil, Canadá, México y Estados Unidos. El Cuadro 1 muestra la distribución de las investigaciones iniciadas en el hemisferio durante el período 1987-1997, basado en los datos del amplio estudio hecho por Miranda, Torrres y Ruiz (1998), abarcando a todos los miembros de la OMC. Las industrias más afectadas son las de los Estados Unidos y del Brasil y fueron incluidas en el 67.4% de las acciones iniciadas contra países del hemisferio en ese período. El Cuadro 1 registra también otros dos aspectos relevantes para las negociaciones del ALCA. El primero es que, salvo raras excepciones, como la del Perú, ese tema es de poco interés para las pequeñas economías. De hecho, 23 de los 34 miembros del ALCA jamás iniciaron una investigación antidumping y 18 de ellos nunca se vieron afectados por ese tipo de medida. El segundo aspecto es que 319 de los 435 casos que involucran las economías del hemisferio fueron iniciados por parte de los socios comerciales de la región. De este modo, es evidente que el ALCA es un foro apropiado para debatir ese tema y que los intereses de las cuatro principales economías de la región son convergentes, no obstante eventuales conflictos en otras áreas. El estudio de Miranda, Torres y Ruiz muestra también que cerca del 80% de los casos estuvo concentrado en seis industrias: metales básicos (sobretodo acero), productos químicos, bienes de capital, papel y celulosa, textiles y plásticos. Como las investigaciones siempre se concentran en productos muy específicos, el volumen de comercio afectado de manera directa, normalmente es pequeño. Sin embargo, desde el punto de vista de los exportadores, como las investigaciones incluyen reiteradamente los mismos tipos de bienes, tales medidas generan condiciones de competencia inciertas para toda la industria, y constituyen, por lo tanto, un obstáculo al proceso de integración. Como muestra el Cuadro 2, cerca del 40% de las exportaciones de Canadá al hemisferio y más del 50% de las exportaciones del Brasil, México y Estados Unidos se vio perjudicado por ese tipo de incertidumbre. Medidas Antidumping en el Hemisferio Occidental, 1987-1997
Fuente: Miranda, Torres e Ruiz, 1998 Exportaciones Seleccionadas para el Hemisferio Occidental en 1997 US$ Miles de Millones
Fuentes: BID (http://www.iadb.org), OMC (http://www.wto.org), Industry
Canada (http://www.ic.gc.ca). |
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