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Expertos analizan implementación de garantías sociales en países de la región

Se reunieron en un seminario-taller sobre garantías sociales explícitas para la implementación de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organizado por CEPAL, BID, OEA, Banco Mundial y la Fundación, con la colaboración de Mideplan y el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) del gobierno británico.

Una treintena de expertos en política social, economía y gobierno, provenientes de Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Urguay, Guatemala, Chile, Colombia, Estados Unidos y de Sudáfrica, se reunieron los días 2, 3 y 4 de abril en  en un taller sobre garantías sociales explícitas para la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

La instancia fue organizada por CEPAL, BID, OEA, Banco Mundial y la Fundación, con la colaboración de Mideplan y el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) del gobierno británico.

Al acto inaugural asistió en representación de la Fundación, su presidente Rodrigo Jordan, quien se refirió a la urgente necesidad de disminuir las brechas sociales y la alta desigualdad en países en desarrollo como Chile, y destacó el trabajo conjunto que la FSP está realizando con el Banco Mundial en torno al sistema de garantías sociales.

También expusieron Andras Uthoff, Oficial a cargo de la División de Desarrollo Social de la CEPAL;  Gonzalo Arenas, Subsecretario de Planificación; Alfonso Quiñones, Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral de la OEA; Benjamin Mcdonald, gerente de Desarrollo Social para América Latina y el Caribe

del Banco Mundial; Luis Echebarría, representante en Chile del Banco Interamericano de Desarrollo y RP. Fernando Montes, Rector de la Universdad Alberto Hurtado. Martín Hopenhayn, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarollo Social de la CEPAL, realizó la introducción inicial del panel.

En la reunión se analizó el desarrollo e implementación de garantías sociales en américa latina en ámbitos del bienestar como educación, salud, trabajo, alimentación, etc. Se discutieron las dimensiones y características de las garantías sociales en los aspectos de acceso, calidad, oportunidad, exigibilidad y protección financiera de las prestaciones sociales. 

Buena parte de la discusión estuvo centrada en las características, beneficios y problemáticas de los modelos de Estado de Bienestar y de Estado Subsidiario, y en cómo era posible implementar sistemas de garantías sociales para derechos sociales, en circunstancias que algunos países ni siquiera los consagran en sus respectivas constituciones. Se abordó este tema desde la perspectiva jurídica entendiendo que deben explicitarse en la ley para asegurar su exigibilidad, pero también desde la perspectiva política, que es clave para concretar sistemas que garanticen a toda la población un cumplimiento mínimo de los derechos en educación, salud, trabajo, vivienda y asistencia a las familias y niños. Muchos de los asistentes concordaron que sin un pacto fiscal y un acuerdo social, es imposible dar este gran salto en la política social de los países de la región.

Una garantía social es una suerte de operacionalización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamados derechos de segunda generación. En su exposición, el segundo día del taller, el Director Ejecutivo de la Fundación, Leonardo Moreno, explicó que las garantías sociales son el mecanismo para hacer que las estructuras de oportunidades que da la sociedad puedan ser aprovechadas por los hogares en situación de pobreza. Es decir, para que las personas que componen estos hogares puedan conseguir trabajos de mejor calidad y tener acceso a educación y salud.

Moreno explicó que este esfuerzo busca contribuir al establecimiento de un sistema de garantías sociales, con énfasis en aquellas que tienen directa influencia en la superación de la pobreza, es decir, aquellas garantías que resguardan el desarrollo humano de las personas en situación de pobreza y que debieran ser consensuadas socialmente y explicitadas como norma. En este sentido, es destacable que las garantías, además de asegurar un piso mínimo de bienestar a todas las personas en los ámbitos clave de su desarrollo, conllevan otros beneficios para la sociedad. Como explicó el experto, las garantías disminuyen la discrecionalidad administrativa de los funcionarios, empoderan a la población y elevan la transparencia.

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